La semana pasada hablé sobre la crisis humanitaria para los refugiados afganos, así que hoy quiero abordar la crisis de refugiados, pero ahora en la frontera sur.
Junto con eso, hablaré sobre dos fallos recientes:
- El proyecto de ley de reconciliación,
- El enorme golpe que los planes de inmigración de los demócratas recibieron debido a la reciente decisión en el Senado, y
- Finalmente, me tomaré unos momentos para hablar sobre otro fallo, este de un tribunal federal y relacionado con los solicitantes de asilo en los puertos de entrada, y cómo se consideró inconstitucional rechazarlos.
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La crisis de la frontera sur
Ok, así que avancemos con nuestro primer tema, y esa es la crisis humanitaria que está ocurriendo en nuestra frontera sur.
En primer lugar, veamos un poco de antecedentes: en 2014, el gobierno de los Estados Unidos declaró una crisis en la frontera sur para abordar el rápido aumento en el número de niños no acompañados y, en menor medida, de mujeres que migran a través de los puestos de control fronterizos y los puntos de entrada sin vigilancia.
7 años después y la situación sigue siendo una crisis.
Cuando el presidente Biden asumió el cargo, todos esperábamos que su administración trajera cambios significativos a esta situación, pero su administración se está alejando de llamar crisis a los niños que llegan a la frontera, en lugar de enfatizar que la crisis se basa en los países de origen en América Central.
Como saben, la frontera sur siempre ha sido un punto de cruce para las personas que vienen de México y otros países a los Estados Unidos; y aunque la búsqueda de asilo y el cruce de la frontera a menudo se identifican como un problema con los inmigrantes mexicanos, de 2000 a 2016 la inmigración ilegal mexicana se redujo en casi un 90 por ciento.
En cambio, la mayoría de estos individuos provenían del Triángulo Norte de América Central: Honduras, Guatemala y El Salvador.
Refugiados haitianos que llegan a la frontera
Además de esto, y tan seguro como has visto en noticias recientes, miles de migrantes haitianos se han congregado recientemente bajo el puente que conecta México con Del Río, Texas.
Estados Unidos respondió a esto arrestando a personas y enviándolas de regreso a Haití. Esta es considerada como una de las “expulsiones a gran escala más rápidas de migrantes o refugiados en décadas”.
Sólo puede compararse con la expulsión de haitianos en el mar en 1992.
En los últimos meses, el número de haitianos que intentan cruzar la frontera ha pasado de 2.700 en mayo a más de 6.700 en agosto pasado.
Factores que están complicando la crisis fronteriza
Si bien hay un gran número de personas de América Central que cruzan, muchas son devueltas a México debido a la pandemia. Sin embargo, México no aceptará haitianos y solo permitirá la entrada de personas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Estados Unidos: Fallo de la Corte Suprema que pone en peligro a solicitantes de asilo
Otro factor que se suma a la crisis es una decisión tomada en septiembre de 2019 que establecía que a cualquier solicitante de asilo que ingresara a los Estados Unidos después del 16 de julio de 2019 se le negaría automáticamente el asilo si no hubiera intentado buscar refugio en un país por el que había viajado en su camino hacia la frontera.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sur son de América Central, este fallo afectó a cubanos, indios, africanos y venezolanos que pueden viajar a través de varios países antes de llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.
Junto con esto, la Corte Suprema se negó recientemente a bloquear un fallo de un juez de Texas que requería que la administración Biden restableciera el programa “Permanecer en México” de Trump, e incluso si este fallo en particular probablemente terminará de nuevo en la Corte Suprema, todavía tenemos que esperar.
Solicitantes de asilo en la frontera
Ahora, hablando de solicitantes de asilo, y contrariamente a muchos informes, los migrantes no tienen que presentarse en un puerto de entrada legal para solicitar asilo.
Solo necesitan hacer valer ese reclamo al primer funcionario de ICE o Aduanas y Protección Fronteriza que encuentren o presentar una solicitud para solicitar asilo dentro de un año de su llegada.
Después de 150 días de espera para su audiencia de asilo, los solicitantes pueden solicitar autorización de empleo, y bajo la administración anterior, a aquellos que solicitaron más recientemente se les otorgó su audiencia primero, lo que significa que algunas personas pueden vivir y trabajar en los Estados Unidos durante años esperando sus audiencias.
Solicitud de asilo
En el pasado, un proceso de asilo solía tomar unos meses, pero con todas estas situaciones, ahora toma entre 2 y 5 años.
Todos estos factores: un gran número de personas que intentan cruzar la frontera, las que han cruzado y están buscando solicitudes de asilo, y las razones como la violencia o la inestabilidad política en sus países de origen, es lo que está alimentando esta crisis.
Para resolver, o al menos disminuir, esta crisis, se necesitará una combinación de acciones.
Una combinación de defensa política, cambios de políticas y ayuda humanitaria es lo que se necesita para comenzar a resolver la situación y proporcionar alivio a los cientos de miles de personas que buscan una manera de mejorar sus vidas.
Un gran golpe al proyecto de ley de reconciliación
El domingo 19 de septiembre, el plan de los demócratas de proporcionar más de 8 millones de tarjetas verdes como parte de su proyecto de ley de gastos de $ 3.5 billones tuvo un gran golpe después de que la parlamentaria del Senado Elizabeth MacDonough falló en contra.
He creado algunos videos durante las últimas semanas hablando sobre el Proyecto de Ley de Reconciliación y cómo podría ayudar a los demócratas a cumplir con sus políticas de inmigración.
Ahora, yendo al fallo de MacDonough, parece dar un cierre definitivo al plan que los demócratas tenían para usar el proyecto de ley de gastos para proporcionar un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes.
En su guía, advirtió que el plan demócrata no cumple con las estrictas reglas sobre lo que puede estar en el proyecto de ley de gastos, llamando al plan “por cualquier estándar una política de inmigración amplia y nueva”.
Refiriéndose al proceso presupuestario que los demócratas estaban tratando de utilizar para evitar el obstruccionismo del Senado, dijo que los cambios de política de la propuesta superan el impacto presupuestario que se le anotó y no es apropiado para su inclusión en el proyecto de ley de reconciliación.
En el plan presentado a MacDonough a principios de este mes, los demócratas mencionaron la intención de usar el proyecto de ley de gastos de $ 3.5 billones para proporcionar 8 millones de tarjetas verdes para cuatro grupos de inmigrantes:
- “Soñadores”
- Titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS),
- Trabajadores agrícolas, y
- Trabajadores esenciales.
Como usted sabe, obtener el estatus de residente permanente legal le permite a una persona eventualmente solicitar la ciudadanía si puede cumplir con otras calificaciones.
Un aspecto clave a considerar en esta situación es que los demócratas estaban utilizando la reconciliación para aprobar el proyecto de ley de gastos SIN el apoyo del Partido Republicano, y esto trae requisitos estrictos sobre lo que se puede incluir.
Por ejemplo, uno de los requisitos es que cualquier disposición en el proyecto de ley tiene que afectar los gastos o ingresos del gobierno federal y que el impacto no puede ser “meramente incidental” a las intenciones no presupuestadas.
Y en su guía a los senadores, MacDonough escribió que otorgar el estatus de LPR no tenía “ningún equivalente fiscal federal”.
Ella dijo: “Cambiar la ley para despejar el camino hacia el estado de LPR es un cambio de política tremendo y duradero que empequeñece su impacto presupuestario”.
Lo que los demócratas pueden hacer
Pero los demócratas tenían la opción del rechazo en mente, y desde el principio, prometieron que si el Senado rechazaba sus esfuerzos, podrían seguir tratando de influirla hasta que el proyecto de ley de gastos de $ 3.5 billones estuviera en el senado.
Y ese mismo domingo por la noche, el líder de la mayoría del Senado, Charles Summer, dijo que los demócratas tomarían una propuesta alternativa a MacDonough.
Expresó su decepción por la decisión, pero restableció que la lucha para proporcionar un estatus legal a los inmigrantes en la reconciliación presupuestaria continúa.
Dijo que: “Los demócratas del Senado han preparado propuestas alternativas y sostendrán reuniones adicionales con el parlamentario del Senado en los próximos días”.
Tal como están las cosas en este momento, el proyecto de ley de gastos es la mejor oportunidad de los demócratas para llevar la reforma migratoria al escritorio del presidente Biden.
Aunque la Cámara de Representantes aprobó previamente dos proyectos de ley más pequeños, los demócratas del Senado no han podido presentar un plan que pueda obtener los 10 votos republicanos necesarios para romper un obstruccionismo en el Senado.
Y sin duda, el filibusterismo es lo que los demócratas buscan evitar. Esperaban que MacDonough dio luz verde a su plan de inmigración en el proyecto de ley de gastos porque aumentaría los déficits presupuestarios en $ 139 mil millones durante un período de 10 años.
A esta nota, los republicanos también argumentaron a MacDonough que la reforma migratoria estaba fuera de las líneas de lo que podría aprobarse bajo la reconciliación, lo que permite a los demócratas evitar un obstruccionismo republicano en el Senado.
El senador Lindsey Graham, el principal republicano en el Comité de Presupuesto, elogió la decisión de MacDonough y argumentó que el estatus legal no debería proporcionarse sin reformas migratorias más amplias.
Los grupos externos que apoyan el uso del proyecto de ley de gastos para aprobar la reforma migratoria argumentaron que este fue el primer paso en el proceso y no un clavo en el ataúd para obtener algunos cambios en el proyecto de ley de gastos.
Pero lo que es un hecho es que si los demócratas no pueden influir en MacDonough, tendrán que dejar el lenguaje de inmigración fuera del proyecto de ley de gastos o reunir los 60 votos necesarios para mantenerlo.
Y con los republicanos oponiéndose a usar el paquete de gastos para aprobar la reforma migratoria, eso parece poco probable, por decir lo menos.
También es probable que los demócratas enfrenten nuevos llamados para rechazar el obstruccionismo legislativo, lo que les permitiría aprobar la reforma migratoria y otras prioridades con una mayoría simple fuera de la reconciliación, así como despedir a MacDonough o anularla formalmente en el pleno, una medida que requeriría la unidad total de los demócratas y la vicepresidenta Harris que preside.
Dar la espalda a los solicitantes de asilo es contra la ley
Pasando a nuestro siguiente tema, tenemos algunas buenas noticias provenientes de un fallo de un tribunal federal a principios de mes.
Este nuevo fallo establece que el regreso del gobierno de los Estados Unidos a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México no solo viola la ley de los Estados Unidos, sino que también es inconstitucional.
Para dar algunos antecedentes sobre este tema, antes de los Protocolos de Protección al Migrante y el Título 42, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos comenzaron la práctica de devolver a los solicitantes de asilo a lo largo de la frontera sur para evitar que accedan a la protección en los Estados Unidos.
La práctica de medición de CBP, que es un uso formalizado de devoluciones, estacionó oficiales de CBP en la frontera de los Estados Unidos para evitar que los solicitantes de asilo, que se acercan legalmente a los puertos de entrada de los Estados Unidos para pedir protección, se acerquen a los suelos de los Estados Unidos.
A los solicitantes de asilo que son medidos se les dice que los puertos de entrada están “llenos” y devueltos a México.
La sentencia formulada en el caso Al Otro Lado c. Mayorkas confirma lo que los defensores y los demandantes en el caso han sabido durante años: el gobierno no puede negar a los solicitantes de asilo su derecho a acceder al proceso de asilo de los Estados Unidos al impedirles pisar suelo estadounidense.
Los oficiales de CBP tienen el deber obligatorio de inspeccionar y procesar a los solicitantes de asilo que llegan a los Estados Unidos.
Este deber se aplica a aquellos que, debido a las prácticas de CBP, permanecen fuera de la línea fronteriza de los Estados Unidos.
Como resultado de la medición, los solicitantes de asilo a menudo ponían sus nombres en listas de espera que se crearon por necesidad en las ciudades fronterizas mexicanas.
Aunque CBP podría procesar un número limitado de solicitantes de asilo en un día determinado, CBP no mantuvo ningún registro de los solicitantes de asilo individuales que fueron medidos.
A partir de mayo de 2021, había listas de espera en ocho ciudades fronterizas mexicanas.
Las listas de espera generadas en el lado mexicano de la frontera solo les dijeron a los solicitantes de asilo cuánto tiempo habían estado esperando en comparación con otros, no cuándo, o incluso si, tendrían acceso al proceso de asilo de los Estados Unidos.
Por lo tanto, los solicitantes de asilo vulnerables esperaron cantidades de tiempo no especificadas en la peligrosa región fronteriza mexicana para tener la oportunidad de acceder al proceso de asilo de los Estados Unidos.
Finalmente, el 2 de septiembre, la jueza Cynthia A. Bashant determinó que, como cuestión de derecho, el gobierno no puede ignorar su deber de inspeccionar y procesar a los solicitantes de asilo que llegan a los puertos de entrada.
De hecho, la ley estadounidense confirma que este deber es igual en importancia a otros deberes de CBP, como su misión de seguridad nacional.
El tribunal federal aún no ha determinado el remedio que impondrá por las violaciones del gobierno, pero la decisión sirve como un recordatorio importante del compromiso de esta nación con aquellos que huyen de la persecución y que llegan a nuestras fronteras en busca de protección.
Los puertos de entrada sirven como puerta de entrada a nuestro país. El gobierno no puede simplemente cerrar esa puerta a los solicitantes de asilo.
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